CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU
La presente obra constituye el resultado final del proyecto de investigación Responsabilidad penal por el hecho y Estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas y caracteres (FACTUM, RTI2018-097727-B-I00), financiado desde el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objeto, el principio de responsabilidad por el hecho, se erige, sin duda, en uno de los límites de la intervención penal de un Estado democrático de mayor relevancia. El proceso de inexorable deconstrucción que este principio viene sufriendo en la actualidad, obliga a indagar en las causas de esta crisis y a reflexionar sobre sus eventuales vías de solución.
El grave retroceso que están sufriendo las garantías constitucionales propias de un Estado social y democrático de Derecho también está afectando, como no podría ser de otro modo, al principio de culpabilidad. Con la entrada en vigor de la Constitución se alberg la fundada esperanza de que el Derecho Penal se correspondiera, después de la dictadura, con el de un Estado verdaderamente democrático. Quizá por ello, el modo en que este derrumbamiento se está produciendo resulta particularmente desilusionante: mientras que la consolidación de esas garantías ha representado un proceso lento y difícil, por desgracia su desintegración parece haber transcurrido de un modo mucho más rápido y sencillo.
En los diferentes capítulos del libro, los integrantes del proyecto analizan aquellos aspectos de la responsabilidad por el hecho que actualmente resultan afectados, en mayor medida, por las múltiples reformas legislativas, especialmente por las operadas en la última década y, en algunos supuestos, también por su aplicación en los tribunales e incluso por determinadas teorías doctrinales. Ojalá que algunas de las alternativas aquí insinuadas, sirvan para mostrar a la política criminal el camino que nunca debió haber abandonado: el del innegociable respeto de las garantías constitucionales.
