José María Gimeno Feliú
La normativa de contratos públicos, tanto a nivel nacional como comunitario, se encuentra en un «permanente» movimiento jurídico, lo que casa mal con la idea de segurididad jurídica y predictibilidad que deberían ser paradigmas en un sector de tanto interés económico y social como este.
La Unión Europea acaba de aprobar un nuevo paquete legislativo -el cuarto- sobre la contratación pública y concede un plazo de transposición a los Estados de dos años (abril de 2016). Los cambios de esta nueva regulación -con bastantes imprecisiones- son de mayor calado de los que una simple lectura pudiera hacer pensar. Por ello, parece oportuno dar cuenta de las principales novedades y cómo estas deben articularse en el nuevo marco normativo nacional. Se ofrece aquí, aún de forma sucinta, una visión de las reflexiones que sugiere este nuevo paquete legislativo, que intenta presentar de forma sistemática los principales cambios y su implicación en la práctica en España.
Se ha intentado, en suma, dar información suficiente sobre los motivos y consecuencias de una normativa comunitaria que debe obligar a una reflexión de nuestra normativa nacional de contratos públicos. Se abre una oportunidad para, por fin, poder dotarnos de un sistema jurídico más estable y eficaz, que, desde la necesaria simplificación, evite la dispersión normativa y permita una gestión eficiente de los recursos públicos. Una normativa que, como se dice en el título, permita un cambio de «cultura» y habilite una gestión diseñada desde la estrategia y no desde la burocracia.
Este estudio -que se encuadra entre los resultados del Proyecto de Investigación concedido por Ministerio de Economía y Competitividad titulado «Hacia una contratación pública eficiente», REF: DER2012-39003-C02-01 y del Grupo de Investigación Consolidado del Gobierno de Aragón ADESTER- encuentra su génesis en trabajos previos y en las reflexiones de seminarios y ponencias que sobre esta cuestión se han venido realizando este último año.
