EDITORIAL ARANZADI, REDACCIÓN
La especial protección constitucional del derecho fundamental a la protección de datos viene amparada por los artículos 10 y 18 CE, en los que se reconoce el derecho a la dignidad de la persona y a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse desde la perspectiva de su función en la sociedad y de conjugar su convivencia con otros derechos fundamentales. Actualmente, dentro de la "Sociedad de la información" estamos viviendo una rápida evolución tecnológica y un fuerte movimiento globalizador, lo cual ha planteado nuevos retos para la protección de los datos personales: - Una recogida e intercambio masivo de datos personales. - La difusión por parte de las personas físicas de un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. - La libre circulación de datos personales dentro de la Unión y su transferencia a terceros países y organizaciones internacionales. En este contexto, el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, han pretendido: - Equilibrar los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos dentro de la UE. - Establecer una regulación más uniforme en el marco de una sociedad cada vez más globalizada y tecnológica. - Evitar que se continúen produciendo obstáculos para el mercado interior de la UE En este punto, no solo la empresa, sino también la Administración Pública, en su papel ejemplarizante, están imbuidas en un proceso de adaptación a un nuevo modelo de protección de datos. Desde la perspectiva de la Administración Pública, no debe enfocarse esta nueva regulación como otra carga burocrática o administrativa, sino como una oportunidad para mejorar la gestión y disfrute de los servicios públicos sin menoscabar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Para conseguirlo es requisito imprescindible conocer bien el régimen jurídico de la nueva regulación y sus implicaciones. Precisamente en este punto cobra su sentido el presente trabajo en el que se analizarán todos los aspectos del mundo Privacy desde la perspectiva de la Administración Local, que se ha visto avocada a una rápida adaptación a este nuevo modelo, pero sin olvidar las particularidades que concurren en su condición de entidad pública.
