ROQUETA BUJ, REMEDIOS / FERNÁNDEZ PRATS, CELIA
La alteración de la salud de un trabajador y consiguiente incapacidad para trabajar puede abarcar desde períodos de corta duración, a supuestos de una presumible permanencia en el tiempo.
El presente trabajo, estructurado en dos partes, se centra en el estudio de las prestaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente. La prestación de incapacidad temporal presenta unos rasgos característicos propios que han motivado un especial interés del legislador hacia la misma en los últimos tiempos, con el objeto de incrementar el control sobre las situaciones de incapacidad. En efecto, la prestación de incapacidad temporal se encuentra estrechamente vinculada a otras instituciones, como la prestación de asistencia sanitaria, que implica que participen distintas entidades en su gestión y control, como son las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, las empresas o los propios Servicios Públicos de Salud. La interrelación de todas estas entidades gestoras y colaboradoras es una importante fuente de conflictos. Por su parte, la prestación de incapacidad permanente presenta una regulación sumamente compleja, oscura y cambiante. Las normas reguladoras de la prestación se encuentran excesivamente fragmentadas. Además, las circulares e instrucciones de las entidades gestoras, que no siempre resultan de fácil acceso, han jugado un papel extraordinario en esta materia. Destacan también las numerosas reformas que se han ido introduciendo con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema y reducir el gasto en pensiones, que han endurecido considerablemente los requisitos de acceso a la prestación y reducido la cuantía de las pensiones.
Todo ello provoca que ambas contingencias se hayan convertido en un tema especialmente litigioso, conflictivo y casuístico. De ahí el gran interés de este estudio, que pone a disposición de los operadores jurídicos un análisis completo, claro y exhaustivo de la materia, al tiempo que extrae, a la luz de la jurisprudencia, los criterios generales y aplicativos para la resolución de la conflictividad surgida en torno a la protección de la incapacidad para trabajar en sus diferentes aspectos. Asimismo, se diagnostican las incoherencias y deficiencias que presenta el reparto de los recursos del sistema de la Seguridad Social entre los beneficiarios, y se formulan propuestas alternativas.
