CALLEJO CARRIÓN, SORAYA
En los últimos años, la ejecución hipotecaria ha experimentado una revolución sin precedentes. De los tiempos en los que el proceso era pacífico en todos sus extremos, al margen de alguna voz aislada partidaria de su desaparición, en cuanto privilegio injustificado para los acreedores, hemos pasado a una situación judicial y social en que se cuestiona absolutamente todo de este procedimiento.
El presente manual aborda las cuestiones más habituales en la práctica forense y lo hace esencialmente a través de un buen número de resoluciones dictadas en el día a día de los Juzgados de Primera Instancia, en donde debe situarse el germen de las últimas reformas acontecidas en la materia. En este sentido, no se analiza pormenorizadamente todo el proceso, pero sí los aspectos que se suscitan normalmente en cualquier ejecución sobre bienes inmuebles hipotecados: entre otros, la cesión de créditos hipotecarios con la controversia acerca de la falta de inscripción, los requisitos del título ejecutivo, cláusulas presuntamente abusivas como la de vencimiento anticipado, el pacto de liquidez, intereses moratorios o la archiconocida cláusula suelo; la defensa del ejecutado con la ampliación de la causas de oposición y la aplicación del artículo 579 LEC con la consiguiente reconversión de la ejecución hipotecaria en ejecución ordinaria.
El libro comienza con un estudio de la naturaleza jurídica de la ejecución en el entendimiento de que un correcto tratamiento legislativo del proceso, de cara a futuras reformas, pasa por tener presente qué es verdaderamente esto que llamamos ejecución hipotecaria. Asimismo, se centra en la pretensión de esta ejecución con todos los elementos que la forman y expone cronológicamente la evolución que ha experimentado el proceso, desde las primeras resoluciones judiciales que denegaron la aplicación del artículo 579 LEC (el famoso auto de la AP de Navarra de 17 de diciembre de 2010 supuso un punto de inflexión en las ansias de cambios procesales), hasta la cuestión prejudicial suscitada en el mediático caso Aziz y la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 que provocó la reforma de la Ley 1/2013 y el Real Decreto ley 1/2015 sobre segunda oportunidad.
